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Código de Procedimiento Penal Militar

En la “La Gaceta” No. 164, 165 y 223 Diario oficial, del 28 y 29 de agosto del 2007; y 20 de noviembre del 2007, respectivamente,  se publicó la Ley No. 617, denominada “Código de Procedimiento Penal Militar”, entrando en vigencia dos meses después de su publicación, formando parte de un trío de leyes de la  jurisdicción militar.

Con este hecho, se inició una nueva etapa en la jurisdicción militar, al instaurarse el sistema de juzgamiento “Oral y acusatorio”, que permite a dicha jurisdicción contar con un sistema legal moderno, garantista y acorde con las nuevas corrientes del derecho penal sustantivo y procesal, en concordancia con el proceso de modernización del sistema de justicia penal nicaragüense y como parte integrante de los Tribunales de Justicia, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se cumple con el principio de "unidad de la jurisdicción”, constituyéndose en una jurisdicción especial. El ámbito de competencia de los Tribunales Militares se restringió únicamente a los miembros del Ejército de Nicaragua.

Estructura

Título Preliminar, integrado por dieciocho principios: legalidad; presunción de inocencia; duda razonable; respeto a la dignidad humana; derecho a la defensa; proporcionalidad; única persecución; finalidad del proceso penal; principio de gratuidad y celeridad procesal; intervención de la víctima, principio acusatorio; juez natural; libertad probatoria; licitud de la prueba; principio de oportunidad y derecho a recurso.

El título preliminar articula preceptos constitucionales de carácter procesal penal, definiendo los principios que tienen la finalidad de respetar los derechos fundamentales de los procesados, las reglas y principios del debido proceso, lo que constituye el pleno respeto a los derechos humanos  en la impartición de justicia.

Estos principios contenidos en el título preliminar están en armonía con los principios establecidos en el Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Ley No. 406, exceptuando una particularidad de la legislación procesal penal militar en cuanto a que el principio de oportunidad se circunscribe únicamente al acuerdo previo y durante el proceso, por aspectos de políticas de persecución penal y de tutela de los bienes jurídicos propios del Ejército de Nicaragua, como garante de la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial del Estado de Nicaragua, así como la libertad del pueblo nicaragüense.

Es importante destacar, que en los principios señalados, se contiene el de especialidad, que establece: “Las leyes que regulan la jurisdicción militar, por su carácter especial, prevalecerán sobre la ley general”, lo que significa que en materia de procedimientos, el juzgamiento de los militares en esta jurisdicción, se someterá con exclusividad por el Código de Procedimiento Penal Militar; sin embargo, este criterio es flexible en la parte sustantiva, siempre que no se opongan a la naturaleza y especificaciones  de las leyes análogas.
Libro Primero, que contiene lo relacionado a jurisdicción y competencia, que se desprende del arto. 93 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que en su párrafo segundo establece: “Los delitos y faltas estrictamente militares cometidos por miembros del Ejército, serán conocidos por los tribunales militares establecidos por ley”, en correspondencia con el arto. 158 del mismo texto legal que establece: “La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder judicial, integrado por los tribunales de justicia que establezca la ley”.

En este libro se establece de forma clara y precisa la competencia objetiva y funcional de los Juzgados militares de audiencia y Juzgados Militares de juicio, así como la competencia funcional del Tribunal Militar de apelación y Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

En este apartado también se regulan las cuestiones de competencia, la inhibición y recusación, el ejercicio de la acción penal, condiciones legales para el ejercicio del acuerdo, las excepciones; extinción de responsabilidad penal; lo relacionado con la acusación; la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas penales militares; las partes y sus auxiliares, Fiscalía militar, acusador particular, imputado y acusado, de los defensores, víctima y ofendido, Policía Militar, Policía Nacional, Sistema Nacional Forense; de los actos procesales, idioma oficial e intérprete, saneamiento de defectos formales, lugar de actuación de los Juzgados militares de audiencia, tiempo de las actuaciones judiciales, registros y controles, expediente, escritos y presentación, relación de las actas que se levanten en secretaría judicial y poder coercitivo de carácter de auxilio judicial; de los plazos; control y duración del proceso, del auxilio entre las autoridades, de las notificaciones, citaciones y audiencias; de las nulidades; de las resoluciones jurisdiccionales; de la actuación procesal defectuosa; de las medidas cautelares; de la prueba (testimonio, testigo técnico, pericial, prueba documental, interceptación de comunicaciones telefónicas, telegráficas y electrónicas) del secuestro; allanamiento de morada; reconstrucción del hecho y exhumación de cadáveres.

Entre lo novedoso del libro primero podemos destacar:

Durante conflictos armados o estados de emergencia, la primera instancia la agotará un solo juez militar, pudiendo ser cualquier juez militar de audiencia o de juicio, independientemente del grado militar del acusado y el único recurso a interponer por las partes procesales, será el recurso de apelación ante el Tribunal Militar de Apelación.

El imputado, acusado o condenado,  tiene derecho a designar un Abogado de su elección como defensor desde el primer acto de persecución penal y hasta la ejecución de la sentencia,  esta asistencia legal se inicia a partir del momento de la detención de éste, entendiéndose como primer acto del procedimiento cualquier actuación del Fiscal Militar o de la Policía que señale a un militar como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.

La responsabilidad civil del acusado, se resolverá en el mismo proceso penal militar, con el interés de hacer efectivos los derechos de la víctima a la tutela judicial y la debida intervención del Estado para reparar los daños derivados de la responsabilidad penal del acusado.

Con relación a la participación de un perito en el proceso penal militar, de previo a su intervención, de deberá acreditar su idoneidad en audiencia especial, de forma tal, que el juicio oral y público se realice con la debida celeridad y economía procesal.

Se creó por mandato de la presente ley, la Policía Militar, cuyas funciones se circunscriben a la materia de auxilio judicial de los órganos judiciales militares.

No existen los actos de investigación declarados de urgencia por la Policía Militar y/o Nacional, que deban ser convalidados para su legalidad y validez en el proceso penal militar.

Entre las medidas cautelares, como una particularidad del procedimiento penal militar, se establece la vigilancia por el mando en la Unidad Militar, que consiste en el internamiento del acusado en su Unidad Militar, bajo el control de su Jefe inmediato y/o superior, de la cual no podrá salir sin la autorización de la autoridad competente.

Respecto a la evacuación de la prueba documental, cuando ésta contenga un grado de reserva, éstos serán examinados privadamente por el Juez. Si son útiles para la averiguación de los hechos y la responsabilidad del acusado, los incorporará al proceso resguardando la reserva sobre ello, sin afectar el derecho de las partes a conocerlos.

Libro Segundo, de los procedimientos.

De los actos iniciales.

En este libro se aborda lo relacionado a la denuncia, se regula la actuación de la Fiscalía Militar, a quien le corresponde ejercer la acción penal y dirige los actos de investigación, apoyándose en la Policía Militar y/o Policía Nacional, se establece la forma de llevar a juicio los resultados de los actos de investigación, el registro de los mismos, la asistencia en los actos de investigación, además que se regulan las funciones de la Policía Militar, que es un órgano del Ejército de Nicaragua, cuyas funciones se circunscriben a la materia de auxilio judicial de la justicia militar, realizando detenciones, reconocimiento de imputados, reconocimiento de objetos, requisas, se regula la inspección e investigación corporal, registro de vehículos, levantamiento e identificación de cadáveres e inspecciones en el lugar de los hechos.

En este libro se regula también la investigación preliminar realizada por los Jefes de Unidades Militares, mientras se haga presente el Fiscal Militar, con el fin de levantar los actos de investigación inmediato a la ocurrencia del hecho punible, en interés de preservar la escena del crimen, proteger evidencias y asegurar la detención de los presuntos autores del hecho.

Otro aspecto que se regula en este libro, es la tramitación del proceso penal militar, partiendo de la audiencia preliminar, audiencia inicial, inicio del intercambio de información, el intercambio de información y pruebas, hasta llegar al auto de remisión a juicio.

Se contiene además en este libro la forma de realización del juicio oral y público, definiendo las partes del mismo, partiendo de su inicio, su apertura, uso de la palabra por las partes, los alegatos de apertura, práctica de pruebas, debate final, hasta concluir con el fallo y la sentencia.

Con relación a las faltas penales militares se establece el procedimiento de juzgamiento de las mismas, partiendo de la audiencia inicial, convocatoria a juicio y el juicio oral y público propiamente dicho, para llegar al fallo y sentencia.

Un aspecto particular que contiene este libro, es lo relacionado con el juicio en conflictos armados o estados de emergencia, estableciéndose la presentación de la acusación y si el juez Militar la admite, convocará a audiencia en el término de 24 horas y en un plazo no mayor de tres días convocará para juicio oral y público, imponiéndose únicamente la medida cautelar de prisión preventiva al acusado, para emitir en el mismo acto el fallo y a continuación dictará sentencia, siendo el único recurso permitido, el de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal Militar de Apelación.

En este libro se desarrolla también la acción de revisión, señalándose los sujetos legitimados, las causales que dan lugar a su interposición y los efectos de la sentencia.

Libro Tercero, de los recursos.

En este libro se establecen los recursos que se pueden interponer en el proceso penal militar, siendo ellos, los recursos de hecho y de reposición; el recurso de apelación, distinguiéndose la apelación de autos y sentencias y el recurso de casación, en interés de respetar la garantía contenida en el título preliminar del presente código, consistente en el derecho a un recurso para las partes procesales que no estén de acuerdo con determinada resolución judicial.

Libro Cuarto, de la ejecución de la sentencia.

En este libro se establece la competencia para la ejecución de las sentencias firmes en el proceso penal militar, partiendo de que esta función, por economía de recursos humanos, le corresponde a los Jueces Militares de Audiencia que hayan actuado como tal en la tramitación del proceso, a través de los incidentes de ejecución que sean necesarios tramitar y resolver en la etapa final del proceso, que es precisamente la ejecución de la sentencia firme.
 
Lema de la Auditoría General

La Auditoría General como administradora de la Justicia Militar, ha adoptado como lema: “Justicia Militar: Orden, Equidad, Disciplina”. Orden, el cual hay que verlo hacia adentro y hacia afuera, es decir por medio del cumplimiento de la Constitución Política de la República y las leyes y el cumplimiento de las órdenes, disposiciones e indicaciones de los superiores; Equidad; que es dar a cada quien lo suyo, que implica declarar culpable al que así o sea y no culpable a aquél que no se le demuestra su responsabilidad penal; Disciplina, como sello de garantía de los cuerpos armados en el cumplimiento de su deber de defender la soberanía, independencia e integridad territorial,  lo que en el ámbito de la justicia militar, significa cumplir con la disciplina judicial, que es aplicar una justicia pronta, oportuna y cumplida.  

“JUSTICIA MILITAR: ORDEN, EQUIDAD, DISCIPLINA”